Hemos apoyado a entidades públicas locales en la adecuación normativa de sistemas de inteligencia artificial, gestionando la clasificación de riesgos conforme al Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act), las evaluaciones de impacto sobre los derechos fundamentales (FRIA), la redacción de políticas y normativas internas de uso, la verificación de los requisitos de cualificación cloud de la ACN y la definición de roles en la cadena de suministro de IA.

Las actividades han incluido la elaboración de guías operativas personalizadas con más de 50 casos de uso para cada administración individual.