La adopción de sistemas de inteligencia artificial requiere una cuidadosa evaluación del impacto que estas tecnologías pueden tener sobre los derechos fundamentales. El respeto de estos derechos se ha convertido en un elemento imprescindible de cumplimiento normativo para operadores públicos y privados, en línea con el marco normativo europeo, incluido el AI Act y la legislación sobre sostenibilidad empresarial.

Ofrecemos apoyo en la implementación de la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales (FRIA), obligatoria según el AI Act para determinados modelos de inteligencia artificial, así como en la gestión de la evaluación de impacto prevista por la normativa europea en materia de sostenibilidad. Nuestra asistencia también abarca el desarrollo de modelos integrados entre la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (DPIA) y la FRIA, asegurando un enfoque coordinado en la gestión de riesgos.

La actividad de consultoría se desarrolla a través de un proceso estructurado que comienza con la identificación y el análisis de riesgos, culminando en la construcción de estrategias de mitigación efectivas. A través de metodologías consolidadas y herramientas operativas, apoyamos a las organizaciones en la identificación de áreas de vulnerabilidad en los sistemas de IA, con un enfoque personalizado que evalúa los impactos en principios fundamentales como la privacidad, la no discriminación y la dignidad humana.

Nuestro objetivo es proporcionar a las organizaciones herramientas concretas para reducir los posibles impactos negativos de la inteligencia artificial y garantizar un uso conforme a los más altos estándares normativos y éticos. La adopción de medidas de mitigación eficaces, como la anonimización de datos, la reducción del sesgo algorítmico-cognitivo y el fortalecimiento del papel humano en los procesos decisionales —el denominado human-in-the-loop—, permite minimizar los riesgos y asegurar que la IA opere de manera transparente, justa y responsable.

Apoyamos a empresas e instituciones públicas en la construcción de modelos de gobernanza que integren el riesgo de la IA como un elemento central de la estrategia empresarial y regulatoria, reduciendo el riesgo de sanciones y fortaleciendo la confianza de los usuarios y de las autoridades de supervisión. El cumplimiento de las obligaciones de evaluación de impacto no es solo un deber normativo, sino también una oportunidad para garantizar una adopción responsable y sostenible de la inteligencia artificial.